ASESORÍA INTEGRAL DE EMPRESAS Y ASOCIACIONES

ASEMAR GESTIÓN es una asesoría / consultoría especializada en el asesoramiento integral de Empresas y Asociaciones.

Ofrecemos servicios de alto valor añadido en el ámbito de la consultoría Fiscal, Jurídico Laboral, Contable y de Dirección y Gestión.

Para prestar dichos servicios contamos con profesionales altamente cualificados y al día de la normativa vigente, para que así pueda aprovechar al máximo todos los beneficios fiscales, laborales y contables.

Nuestro objetivo es ofrecerle un servicio de asesoramiento integral para que pueda tomar en cada momento la decisión más beneficiosa para su Empresa o Asociación. Además nuestros servicios son interdependientes, lo que genera ventajas competitivas por las sinergias creadas.

Ofrecemos cercanía y contacto permanente como colaboradores externos, alineándonos con sus objetivos, actuando en todo momento de forma profesional y objetiva en nuestras valoraciones y diagnósticos. Dispondrá de servicios que van más allá del cumplimiento de la normativa legal, aportando valor añadido en su toma de decisiones.


ASEMAR GESTIÓN cuenta con un equipo de profesionales con una dilatada experiencia en la gestión de Asociaciones, Fundaciones y Empresas de Inserción.

Colaboramos estrechamente con Asociaciones, Fundaciones y Empresas de Inserción para que cumplan con la normativa vigente y focalicen todos sus recursos en alcanzar el objeto social que persiguen, poniendo a su disposición todo nuestro conocimiento y bagaje.

Ofrecemos asesoramiento especializado en la gestión fiscal, contable, laboral y legal de Asociaciones, Fundaciones y Empresas de Inserción.

Confíe en ASEMAR GESTIÓN, su entidad en buenas manos.


ASEMAR GESTIÓN apuesta fuertemente por los emprendedores, ofreciendo servicios adaptados a sus necesidades.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha reconocido a ASEMAR GESTION como PAE (PUNTO DE ATENCION AL EMPRENDEDOR), por lo que estamos incluidos dentro de la Red de Centros de Información y  Red de Creación de Empresas, siendo una de las primeras asesorías de la ciudad de Alicante.

Como PAE (PUNTO DE ATENCION AL EMPRENDEDOR), tramitamos de forma GRATUITA e INMEDIATA el alta de empresas, tanto de autónomos como de sociedades, mediante el sistema de tramitación telemática utilizando el Documento Único Electrónico (DUE).

Confíe en ASEMAR GESTIÓN, su proyecto en buenas manos.


ASEMAR GESTIÓN dispone de profesionales altamente cualificados y con una amplia trayectoria profesional en la gestión de empresas y asociaciones, lo que ha permitido consolidar colaboraciones permanentes en materia de formación con diferentes entidades tanto locales como nacionales.

Algunas de estas entidades con las que colaboramos como docentes habituales son las siguientes: Universidad de Alicante (Máster de Recursos Humanos, Máster en Gestión de Pymes, Máster en Dirección de establecimientos hosteleros), Federación Estatal de Empresas de Inserción, Agencia de Desarrollo Local del Excmo. Ayuntamiento de Alicante o la Escuela de Gestores y Emprendedores Sociales EGESOCIAL.


 

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Se contempla la posibilidad de que se pueda identificar a una persona en particular en el registro salarial, se reduce en las empresas de más de cien trabajadores a justificar diferencias salariales entre sexos superiores al 5% (empresas de 50 o más trabajadores es del 25%) y se establece el derecho a que las personas trabajadoras puedan revelar su propia retribución.   El empresario está obligado a pagar por la prestación de un mismo trabajo o de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella. Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes.   El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación legal de los trabajadores en la empresa, al registro salarial de la misma. La posibilidad de que la información facilitada pueda permitir identificar, directa o indirectamente, la retribución individual de una persona trabajadora no impedirá el derecho de información reconocido a la representación legal de las personas trabajadoras, sin perjuicio de las obligaciones de confidencialidad y de las demás garantías previstas en la normativa de protección de datos personales.   Cuando en una empresa con al menos cincuenta personas trabajadoras, el promedio de las retribuciones de las personas de un sexo sea superior al promedio de las del otro en un veinticinco por ciento o más, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, el empresario deberá incluir en el Registro salarial una justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. En empresas de cien o más personas trabajadoras la citada justificación deberá incluirse en el Registro cuando la diferencia entre promedios de uno u otro sexo sea de, al menos, el cinco por ciento.   Las personas trabajadoras tendrán derecho a comunicar o revelar información sobre su propia retribución a efectos del cumplimiento del principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Se entenderán nulas y sin efectos todas las cláusulas contractuales que impidan a las personas trabajadoras la divulgación de información sobre su retribución.   Las acciones relativas a la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación en materia retributiva prescribirán a los tres años contados desde el momento en que cese la situación discriminatoria. [...]
Las ofertas de empleo deberán incluir la retribución inicial del puesto, basada en criterios objetivos y neutros con respecto al género, y el convenio colectivo que resulte de aplicación. Las empresas y los agentes públicos o privados que intervengan en cualquier proceso de intermediación o colocación no podrán hacer a las personas solicitantes preguntas sobre su historial retributivo en sus relaciones laborales actuales o anteriores. Los anuncios de las vacantes de trabajo y las denominaciones de los puestos de trabajo deben ser neutros con respecto al género, para asegurar el derecho a la igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor, y facilitarse en un formato accesible para las personas con discapacidad, atendiendo a sus necesidades específicas. Las empresas como los agentes públicos o privados que intervengan en los procesos de selección y contratación, incluidos aquellos en los que utilicen procedimientos automáticos o sistemas algorítmicos, deberán garantizar durante su desarrollo el cumplimiento de los principios de igualdad de trato y no discriminación.   [...]
Las novedades más importantes son: 1º. Se establecen una serie de definiciones: “Retribución”: en aplicación de los artículos 26 y 28 del Estatuto de los Trabajadores, el salario base, las pagas extraordinarias, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, que la empresa abone, directa o indirectamente, a la persona trabajadora, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena. “Progresión retributiva”, el proceso por el que una persona trabajadora pasa a percibir una retribución superior, cuando proceda, conforme a las reglas previstas en el Estatuto de los Trabajadores. “Nivel retributivo”, la horquilla, valor o posición asignado a un puesto de trabajo o a una persona trabajadora, dentro de la estructura retributiva de la empresa. “Brecha retributiva de género”, la diferencia entre las retribuciones medias de las mujeres y de los hombres que trabajan para una misma empresa, expresada como un porcentaje de las retribuciones medias de los trabajadores de sexo masculino, tanto en cómputo anual como por hora de trabajo.   2º. Regulación del principio de transparencia retributiva. Las empresas y los convenios colectivos deberán integrar y aplicar el principio de transparencia retributiva entendido como aquel que, aplicado sobre los diferentes aspectos y conceptos que determinan la retribución de las personas trabajadoras, permite obtener información suficiente y significativa sobre el valor que se le atribuye a dicha retribución. Tiene por objeto la identificación de discriminaciones, tanto directas como indirectas, particularmente las debidas a incorrectas valoraciones de puestos de trabajo, lo que concurre cuando, desempeñado un mismo trabajo o trabajo de igual valor de acuerdo con los artículos siguientes, se perciba una retribución inferior sin que dicha diferencia pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima o sin que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios. El principio de transparencia retributiva se aplicará, al menos, a través de los siguientes instrumentos: los registros retributivos, la auditoría retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo que fuera de aplicación el derecho de información de las personas trabajadoras.   3º. Las empresas deben facilitar acceso a los criterios retributivos. Las empresas pondrán a disposición de su personal y de su representación legal, de manera comprensible y asegurando el fácil acceso, los criterios que utilizan para determinar: la retribución de las personas trabajadoras, los niveles retributivos aplicables a los distintos puestos de trabajo o categorías profesionales y, en su caso, la progresión retributiva. Las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras deberán poner a disposición información sobre los criterios de progresión retributiva, de estar prevista su aplicación, y en los términos dispuestos, en su caso, en el convenio colectivo, acuerdo de empresa o contrato de trabajo.   4º. Requisitos de los criterios retributivos: Dichos criterios serán objetivos y neutros con respecto al género, y la información se facilitará con arreglo a las siguientes reglas: Cuando dichos criterios vengan establecidos por convenio colectivo, la empresa dará cumplimiento a la obligación de puesta a disposición de la información mediante la remisión expresa a los preceptos específicos del convenio en los que se contengan, para que la persona trabajadora pueda acceder a dichos criterios. b) Cuando dichos criterios no se encuentren fijados en el convenio colectivo o cuando la empresa establezca de forma voluntaria mejoras retributivas de cualquier naturaleza, deberá poner la información sobre los criterios utilizados para su determinación directamente a disposición de las personas trabajadoras y de su representación legal. c) La información prevista en este apartado deberá mantenerse actualizada y ser nuevamente puesta a disposición de las personas trabajadoras y de su representación legal cada vez que los criterios retributivos, los niveles retributivos o, en su caso, los criterios de progresión retributiva sean objeto de modificación. d) La información se facilitará en un formato accesible para las personas con discapacidad, atendiendo a sus necesidades específicas. 5º. Obligación de igual retribución por igual valor para todas las empresas. El principio de igual retribución por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor en los términos establecidos en el artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores vincula a todas las empresas, independientemente del número de personas trabajadoras, y a todos los convenios y acuerdos colectivos. La igual retribución por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor se debe asegurar tomando en consideración la retribución percibida, tanto en cómputo anual como por hora de trabajo. Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes. A tal efecto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: a) Se entiende por naturaleza de las funciones o tareas el contenido esencial de la relación laboral, tanto en atención a lo establecido en la ley o en el convenio colectivo como en atención al contenido efectivo de la actividad desempeñada. b) Se entiende por condiciones educativas las que se correspondan con cualificaciones regladas y guarden relación con el desarrollo de la actividad. c) Se entiende por condiciones profesionales y de formación aquellas que puedan servir para acreditar la cualificación de la persona trabajadora, incluyendo la experiencia o la formación no reglada, siempre que tenga conexión con el desarrollo de la actividad. d) Se entiende por condiciones laborales y por factores estrictamente relacionados con el desempeño aquellos diferentes de los anteriores que sean relevantes en el desempeño de la actividad, y, en todo caso, las competencias, el esfuerzo y la responsabilidad exigibles. A tales efectos, podrán ser relevantes, entre otros factores y condiciones, con carácter no exhaustivo, la penosidad y dificultad, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, la destreza, la minuciosidad, el aislamiento, la responsabilidad tanto económica como relacionada con el bienestar de las personas, la polivalencia o definición extensa de obligaciones, las habilidades sociales, las habilidades de cuidado y atención a las personas, la capacidad de resolución de conflictos o la capacidad de organización, en la medida en que satisfagan las exigencias de adecuación, totalidad y objetividad establecidas en el apartado siguiente.   Una correcta valoración de los puestos de trabajo requiere que se apliquen los criterios de adecuación, totalidad y objetividad y neutralidad con respecto al género. La adecuación implica que los factores relevantes en la valoración deben ser aquellos relacionados con la actividad y que efectivamente concurran en la misma, incluyendo la formación necesaria. La totalidad implica que, para constatar si concurre igual valor, deben tenerse en cuenta todas las condiciones que singularizan el puesto del trabajo, sin que ninguna se invisibilice o se infravalore. La objetividad implica que deben existir mecanismos claros que identifiquen los factores que se han tenido en cuenta en la fijación de una determinada retribución y que no dependan de factores o valoraciones sociales que reflejen estereotipos de género.   6º. Normas generales sobre el registro retributivo. Quien está obligado: Todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. Objeto y que debe incluir: Este registro tiene por objeto garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones, de manera fiel y actualizada, y un adecuado acceso a la información retributiva de las empresas, al margen de su tamaño, mediante la elaboración documentada de los datos promediados y desglosados. El registro retributivo deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo y distribuidos conforme a lo establecido en el artículo 28.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. A tales efectos, deberán establecerse en el registro retributivo de cada empresa, convenientemente desglosadas por sexo, la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido, tanto en cómputo anual como por hora de trabajo, por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel retributivo, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. A su vez, esta información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada percepción. Solicitud de acceso: Cuando se solicite el acceso al registro por parte de la persona trabajadora por inexistencia de representación legal, la información que se facilitará por parte de la empresa se limitará a las diferencias porcentuales que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres, que también deberán estar desagregadas en atención a la naturaleza de la retribución y el sistema de clasificación aplicable. En las empresas que cuenten con representación legal de las personas trabajadoras, el acceso al registro, en los términos del párrafo anterior, se facilitará a las personas trabajadoras a través de la citada representación, independientemente del derecho de esta última a conocer su contenido íntegro. Referencia periodo temporal: El periodo temporal de referencia será con carácter general el año natural, sin perjuicio de las modificaciones que fuesen necesarias en caso de alteración sustancial de cualquiera de los elementos que integran el registro. Diseño del modelo y conservación: El documento en el que conste el registro podrá tener el formato establecido en los portales de internet oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Igualdad. La representación legal de las personas trabajadoras deberá ser consultada, con una antelación de al menos diez días, con carácter previo a la elaboración del registro. Asimismo, y con la misma antelación, deberá ser consultada cuando el registro sea modificado. El registro retributivo, así como la documentación y los datos que sirvan de soporte a su elaboración, deberán conservarse por la empresa durante un plazo de cuatro años.   7º. Peculiaridades del registro retributivo en empresas con auditoria retributiva. a) El registro deberá reflejar, además, las medias aritméticas y las medianas de las retribuciones de las agrupaciones de los puestos de trabajo iguales o de igual valor en la empresa, conforme a los resultados de la valoración de puestos de trabajo aunque pertenezcan a diferentes apartados de la clasificación profesional o niveles retributivos, tanto en cómputo anual como por hora de trabajo, en su caso desglosados por sexo y desagregados. b) El registro deberá incluir la justificación a que se refiere el artículo 28.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuando la media aritmética o la mediana de las retribuciones totales en la empresa de las personas trabajadoras de un sexo sea superior a las del otro en, al menos, un veinticinco por ciento o en un cinco por ciento en empresas de cien o más personas trabajadoras.   8º. La auditoría retributiva. La auditoría retributiva proporcionará la información precisa para, en primer lugar, realizar un diagnóstico de la situación retributiva mediante la valoración de los puestos de trabajo y la identificación y el análisis de las diferencias retributivas; y, en segundo lugar, establecer las medidas que corrijan las desigualdades injustificadas, si estas han sido detectadas. Ello requerirá: a) La valoración de los puestos de trabajo, en relación al sistema retributivo como con relación al sistema de promoción. La valoración de puestos de trabajo tiene por objeto realizar una estimación global de todos los factores que concurren o pueden concurrir en un puesto de trabajo, teniendo en cuenta su incidencia y permitiendo la asignación de una puntuación o valor numérico al mismo. Los factores de valoración deben ser considerados de manera objetiva y deben estar vinculados de manera necesaria y estricta con el desarrollo de la actividad laboral. La valoración debe referirse a cada una de las tareas y funciones de cada puesto de trabajo de la empresa, ofrecer confianza respecto de sus resultados y ser adecuada al sector de actividad, tipo de organización de la empresa y otras características que a estos efectos puedan ser significativas, con independencia, en todo caso, de la modalidad de contrato de trabajo con el que vayan a cubrirse los puestos. b) La identificación y el análisis de las diferencias retributivas. Para ello se tendrá en cuenta, como mínimo, la información disponible respecto de los últimos tres años, relativa a: 1.º El análisis de la proporción de personas trabajadoras, desglosadas por sexo, en cada grupo, categoría profesional o nivel retributivo. 2.º La información contenida en el registro retributivo, así como sobre cualquier variación en las diferencias retributivas. 3.º Las razones, si las hay, de tales diferencias, sobre la base de criterios objetivos y neutros con respecto al género. Las razones se determinarán de forma conjunta entre la representación legal de las personas trabajadoras y la empresa. La falta de acuerdo no eximirá a la empresa de su obligación de elaborar la auditoría retributiva y justificar las diferencias identificadas, debiendo hacerse constar las discrepancias que, en su caso, se produzcan. 4.º La proporción de personas trabajadoras que han recibido alguna mejora de retribución tras su reincorporación al puesto de trabajo en los supuestos de permiso de nacimiento y cuidado del menor, adopción, de guarda con fines de adopción y acogimiento, si se produjo tal mejora en el grupo o la categoría profesional pertinente durante el período en que disfrutaban del permiso. 5.º La relevancia de otros factores desencadenantes de la diferencia retributiva, así como las posibles deficiencias o desigualdades que pudieran apreciarse en el diseño o uso de las medidas de conciliación y corresponsabilidad en la empresa, o las dificultades que las personas trabajadoras pudieran encontrar en su promoción profesional o económica derivadas de otros factores como las actuaciones empresariales discrecionales en materia de movilidad o las exigencias de disponibilidad no justificadas. c) La elaboración por parte de la empresa de un plan de actuación para la corrección de cualquier desigualdad retributiva que no esté justificada sobre la base de criterios objetivos y neutros con respecto al género, con determinación de objetivos, actuaciones concretas, persona o personas responsables de su implantación y seguimiento y cronograma, de tal forma que estas diferencias se subsanen en un plazo razonable, que en ningún caso puede ser superior a seis meses. El plan de actuación también incorporará un sistema de seguimiento de la implementación de mejoras a partir de los resultados obtenidos y de evaluación de eficacia de las medidas de anteriores evaluaciones retributivas. El plan de actuación y el sistema de seguimiento de la implementación de mejoras y de evaluación de eficacia serán objeto de consulta a la representación legal de las personas trabajadoras.   La empresa pondrá la auditoría retributiva a disposición de las personas trabajadoras y de su representación legal. De igual forma, la empresa pondrá a disposición y notificará su realización a la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva. Las auditorías retributivas incorporadas a los planes de igualdad vigentes deberán adaptarse a las modificaciones introducidas, a más tardar, cuando concluya su periodo de vigencia o cuando deban ser revisados, conservando hasta entonces su validez.   9º. Nuevos derechos de información de las personas trabajadoras. 1. Las personas trabajadoras tendrán derecho a solicitar y a recibir por escrito información sobre su retribución individual y sobre las retribuciones medias, en términos anuales y por hora de trabajo y desglosadas por sexo, de los grupos, categorías o niveles retributivos, de personas trabajadoras que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor al suyo. Dicha retribución se facilitará desglosada por complementos, indicando por separado el salario base y cada uno de los complementos salariales y extrasalariales percibidos. 2. La solicitud podrá formularse, una vez al año o cuando se produzcan cambios que lo justifiquen, directamente por la persona trabajadora, así como a través de la representación legal de las personas trabajadoras y, en su caso, a través de Instituto de las Mujeres. Si la información recibida es inexacta o se encuentra incompleta, la persona trabajadora tendrá derecho a solicitar, personalmente o a través de sus representantes, aclaraciones y detalles adicionales y razonables con respecto a cualquiera de los datos facilitados, y a recibir una respuesta motivada en el plazo de quince días desde la recepción de la solicitud de aclaración. 3. Las empresas informarán, al menos una vez al año, a todo su personal del derecho a solicitar y recibir la información prevista en el punto 1, así como del procedimiento para el ejercicio de dicho derecho. 4. La empresa deberá facilitar la información, aclaraciones o detalles solicitados por escrito dentro de un plazo razonable y, en todo caso, en los dos meses siguientes a la fecha de la recepción de la primera solicitud formulada por la persona trabajadora, independientemente de que se realice a través de su representación legal o del instituto de las Mujeres. Se utilizará un formato que sea accesible para las personas con discapacidad y que tenga en cuenta sus necesidades específicas. 5. La empresa podrá exigir a las personas trabajadoras que obtengan, con arreglo a este real decreto, información distinta de la relativa a su propia persona que esta información sea utilizada exclusivamente para fines relacionados con el ejercicio de su derecho a la igualdad retributiva. En todo caso, el acceso, tratamiento, conservación, utilización y eventual comunicación de dicha información deberán realizarse de conformidad con las garantías y medidas previstas. Este derecho podrá ser ejercido también por quienes hubieran dejado de prestar servicios en la empresa, respecto del período en que hubieran estado vinculados a ella, siempre que la solicitud se formule en el plazo de un año desde la fecha del cese.   10º. Información sobre la brecha retributiva de género en empresas de 50 o más personas trabajadoras. Las empresas de 50 o más personas trabajadoras deberán facilitar a la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva, previa consulta a la representación legal de las personas trabajadoras, la siguiente información: a) la brecha retributiva de género; b) la brecha retributiva de género en los complementos salariales; c) la brecha retributiva de género mediana; d) la brecha retributiva de género mediana en los complementos salariales; e) la proporción de trabajadoras y de trabajadores que reciben complementos salariales; f) la proporción de trabajadoras y de trabajadores en cada cuartil de la banda retributiva; g) la brecha retributiva de género por categorías, grupos o agrupaciones de puestos de igual valor, desglosada en los conceptos retributivos.   La información anterior se facilitará anualmente, respecto del año natural anterior, en las empresas con 250 o más personas trabajadoras; o cada tres años, respecto de los tres años anteriores, en las empresas de entre 50 y 249 personas trabajadoras. Las empresas facilitarán la brecha retributiva de género por categorías, grupos o agrupaciones de puestos de igual valor, desglosada en los conceptos retributivos a todas las personas trabajadoras y a su representación legal. Las empresas de 50 o más personas trabajadoras, cuando sean requeridas, pondrán a disposición de la plantilla y de la representación legal de las personas trabajadoras, en un plazo máximo de dos meses: a) La información de la brecha retributiva de género por categorías, grupos o agrupaciones de puestos de igual valor, desglosada en los conceptos retributivos. b) Las aclaraciones o información complementaria que fuese necesaria sobre cualquiera de los datos publicados, incluidas las explicaciones relativas a las diferencias retributivas entre mujeres y hombres, así como las metodologías empleadas por la empresa para la obtención de la información. Cuando, a partir de la información facilitada o de las aclaraciones solicitadas respecto de los datos facilitados, se constate la existencia de diferencias retributivas de género que no estén justificadas sobre la base de criterios objetivos y neutros con respecto al género, la empresa deberá corregirlas en un plazo razonable, que en ningún caso podrá ser superior a seis meses, mediante la aplicación o, cuando resulte necesario, la actualización del plan de actuación. La adopción y ejecución de las medidas correctoras se realizará en cooperación con la representación legal de las personas trabajadoras. La obligación de información sobre la brecha retributiva de género se realizará, por primera vez: a) Antes del 8 de junio de 2027, respecto de las empresas que ocupen a 150 personas trabajadoras o más. b) Antes del 8 de junio de 2031, respecto de las empresas que ocupen entre 50 y 149 personas trabajadoras.   11º. Tratamiento de datos. Las empresas para el seguimiento de la transparencia retributiva, respecto de los tratamientos de datos que lleven a cabo, en aplicación de este real decreto, deberán adoptar y mantener las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar y poder acreditar que los tratamientos de datos se realizan de conformidad con dicha normativa, revisándolas y actualizándolas cuando resulte necesario para asegurar su eficacia. Asimismo, deberán implantarse medidas de minimización de datos y de control del acceso a la información, y cuantas otras resulten necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales objeto de tratamiento y evitar su acceso, utilización, comunicación o difusión no autorizados, en función de los riesgos asociados al mismo.     [...]
Las empresas informarán, al menos una vez al año, a todo su personal del derecho a solicitar y a recibir por escrito información sobre su retribución individual y sobre las retribuciones medias, en términos anuales y por hora de trabajo y desglosadas por sexo, de los grupos, categorías o niveles retributivos, de personas trabajadoras que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor al suyo. , así como del procedimiento para el ejercicio de dicho derecho. Dicha retribución se facilitará desglosada por complementos, indicando por separado el salario base y cada uno de los complementos salariales y extrasalariales percibidos. Nuevos derechos de información de las personas trabajadoras. 1. Las personas trabajadoras tendrán derecho a solicitar y a recibir por escrito información sobre su retribución individual y sobre las retribuciones medias, en términos anuales y por hora de trabajo y desglosadas por sexo, de los grupos, categorías o niveles retributivos, de personas trabajadoras que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor al suyo. Dicha retribución se facilitará desglosada por complementos, indicando por separado el salario base y cada uno de los complementos salariales y extrasalariales percibidos. 2. La solicitud podrá formularse, una vez al año o cuando se produzcan cambios que lo justifiquen, directamente por la persona trabajadora, así como a través de la representación legal de las personas trabajadoras y, en su caso, a través de Instituto de las Mujeres. Si la información recibida es inexacta o se encuentra incompleta, la persona trabajadora tendrá derecho a solicitar, personalmente o a través de sus representantes, aclaraciones y detalles adicionales y razonables con respecto a cualquiera de los datos facilitados, y a recibir una respuesta motivada en el plazo de quince días desde la recepción de la solicitud de aclaración. 3. Las empresas informarán, al menos una vez al año, a todo su personal del derecho a solicitar y recibir la información prevista en el punto 1, así como del procedimiento para el ejercicio de dicho derecho. 4. La empresa deberá facilitar la información, aclaraciones o detalles solicitados por escrito dentro de un plazo razonable y, en todo caso, en los dos meses siguientes a la fecha de la recepción de la primera solicitud formulada por la persona trabajadora, independientemente de que se realice a través de su representación legal o del instituto de las Mujeres. Se utilizará un formato que sea accesible para las personas con discapacidad y que tenga en cuenta sus necesidades específicas. 5. La empresa podrá exigir a las personas trabajadoras que obtengan, con arreglo a este real decreto, información distinta de la relativa a su propia persona que esta información sea utilizada exclusivamente para fines relacionados con el ejercicio de su derecho a la igualdad retributiva. En todo caso, el acceso, tratamiento, conservación, utilización y eventual comunicación de dicha información deberán realizarse de conformidad con las garantías y medidas previstas. Este derecho podrá ser ejercido también por quienes hubieran dejado de prestar servicios en la empresa, respecto del período en que hubieran estado vinculados a ella, siempre que la solicitud se formule en el plazo de un año desde la fecha del cese. [...]
Las personas trabajadoras podrán solicitar a su empresa la transición a puestos de trabajo vacantes en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando impliquen la conversión voluntaria de un contrato a tiempo completo en un contrato a tiempo parcial y viceversa, o el incremento del tiempo de trabajo de los trabajadores a tiempo parcial. b) Cuando impliquen la conversión de contratos de duración determinada o temporales, incluidos los contratos formativos, a contratos de trabajo con carácter indefinido, incluidos los fijos-discontinuos. c) Cuando impliquen la conversión de contratos de trabajo fijo-discontinuos a contratos indefinidos de carácter ordinario. d) En cualquier otro supuesto en el que el cambio de contrato o de puesto de trabajo permita acceder a condiciones de mayor previsibilidad, duración o estabilidad en el empleo, siempre que la persona trabajadora cuente con una antigüedad mínima de seis meses en la empresa. La empresa deberá tomar en consideración y dar respuesta a cualquiera de las solicitudes referidas en el apartado anterior de manera motivada y por escrito, en el plazo establecido máximo de un mes con carácter general o de tres meses en el caso de empresas cuyas plantillas no superen las diez personas trabajadoras. La empresa deberá informar a las personas trabajadoras y a su representación legal de los puestos de trabajo vacantes previstos mediante cualquier medio que asegure la recepción de la información. Los convenios colectivos o, en su defecto, los acuerdos de empresa podrán establecer procedimientos específicos para la presentación de las solicitudes de conversión y la facilitación de la información previstas en este artículo, que deberán respetar, en todo caso, los límites establecidos en los apartados anteriores. No facilitar esta información se considera falta grave. [...]