Se contempla la posibilidad de que se pueda identificar a una persona en particular en el registro salarial, se reduce en las empresas de más de cien trabajadores a justificar diferencias salariales entre sexos superiores al 5% (empresas de 50 o más trabajadores es del 25%) y se establece el derecho a que las personas trabajadoras puedan revelar su propia retribución.
El empresario está obligado a pagar por la prestación de un mismo trabajo o de un trabajo de igual valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquella.
Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes.
El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación legal de los trabajadores en la empresa, al registro salarial de la misma.
La posibilidad de que la información facilitada pueda permitir identificar, directa o indirectamente, la retribución individual de una persona trabajadora no impedirá el derecho de información reconocido a la representación legal de las personas trabajadoras, sin perjuicio de las obligaciones de confidencialidad y de las demás garantías previstas en la normativa de protección de datos personales.
Cuando en una empresa con al menos cincuenta personas trabajadoras, el promedio de las retribuciones de las personas de un sexo sea superior al promedio de las del otro en un veinticinco por ciento o más, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, el empresario deberá incluir en el Registro salarial una justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras. En empresas de cien o más personas trabajadoras la citada justificación deberá incluirse en el Registro cuando la diferencia entre promedios de uno u otro sexo sea de, al menos, el cinco por ciento.
Las personas trabajadoras tendrán derecho a comunicar o revelar información sobre su propia retribución a efectos del cumplimiento del principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Se entenderán nulas y sin efectos todas las cláusulas contractuales que impidan a las personas trabajadoras la divulgación de información sobre su retribución.
Las acciones relativas a la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación en materia retributiva prescribirán a los tres años contados desde el momento en que cese la situación discriminatoria.
